Por: *Santiago J. Morales. y Martin L. Paoloni I.- Argentina asiste a un escenario oscuro y penumbroso para los niños, niñas y adolescentes. La arremetida del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y la siempre presente complicidad de los sectores conservadores de la sociedad, pretenden imponer una agenda política de encierro con la baja de la edad punible para los jóvenes de nuestro país. Estrategia de criminalización que no es nueva y que emerge en tiempos electorales desde hace varios gobiernos, mientras el diseño e implementación de políticas públicas que efectivamente incidan en las paupérrimas condiciones de vida de las nuevas generaciones, no forman parte de las mismas agendas. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, planteó la necesidad de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años en el marco de la creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Proponen el encierro de los niños y niñas de 14 y 15 años como “la solución” a los problemas de inseguridad que sufre nuestra sociedad. Al mismo tiempo, otras áreas del Estado vienen cerrando espacios destinados a garantizar derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares (como comedores, merenderos, centros educativos, espacios de participación, entre otros), es decir, desfinanciando las políticas de promoción y protección de sus derechos. La verdadera inseguridad, la que padecen los niños, niñas y adolescentes sin acceso a los derechos de salud, vivienda, alimentación y educación, carece de una respuesta que permita visibilizar un horizonte de dignidad donde el enfoque de derechos en las políticas públicas sea una realidad. Vivimos en un país en el que la propensión a la pobreza absoluta por ingresos es más elevada entre los niños y niñas, alcanzando un porcentaje de alrededor del 49% en el 2016, es decir, uno de cada dos niños y niñas en son pobres. La información estadística con la que contamos -escasa- para describir la situación de los delitos cometidos por jóvenes, indica que en la Provincia de Buenos Aires (donde reside el 40% de la población del país) el 3,59% de las causas penales iniciadas corresponden a delitos atribuidos a personas menores de edad, y el 0,55% refieren a homicidios. Sin embargo, el recrudecimiento de las políticas represivas y de control social aumenta de manera exponencial como estrategia de disciplinamiento de las clases que viven del trabajo. Tal es así que el gobierno de Mauricio Macri no ha tenido pruritos a la hora de entrar violentamente en un comedor infantil con armas y gases lacrimógenos, acabando con la vida de un niño por nacer cuya madre se desempeñaba como educadora del espacio (2); o de detener, esposar y llevar a la comisaría ilegalmente a niños menores de edad no punibles. La criminalización y estigmatización que el gobierno dirige hacia las nuevas generaciones se complementa con el vaciamiento de políticas públicas orientadas a proteger y asistir a las mujeres y niñas víctimas de la violencia del patriarcado. Según datos del Informe de Estadísticas Criminales en la República Argentina del Ministerio de Seguridad de la Nación del Ministerio de Seguridad de la Nación se registran más de 10 denuncias por día de mujeres por violación -antesala del femicidio-. Y considerando que se denuncian sólo el 5% de las violaciones en la región -según la Organización Mundial de la Salud- ese número es en un 2.000% mayor. Tristemente coherente con estos datos son las cifras reveladas por un informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, las cuales confirman que en los primeros 43 días de este año 2017 ya se produjeron un total de 57 femicidios en nuestro país. En otras palabras, una mujer muere asesinada cada 18 horas en Argentina. Son tantos y tantos los casos, que no todos cobran conocimiento público. De estos, uno conmovió a la población hace pocos días: Micaela García, una joven de 21 años militante y educadora social oriunda de la Provincia de Entre Ríos, fue víctima de un nuevo femicidio. II.- El proyecto del gobierno de bajar la edad de punibilidad generó en respuesta -entre otras reacciones populares- la creación del Espacio “No a la Baja”, el cual reúne a organizaciones que trabajan con pibes y pibas, organizaciones de chicos y chicas del pueblo, trabajadores y dirigentes sociales y sindicales, legisladores, partidos políticos, personalidades que participan en la defensa de los Derechos Humanos, entre otros. Desde el Espacio se impulsa una campaña que busca enfrentar la avanzada criminalizadora de nuestras infancias a partir de la consigna #NoalaBaja como punto de partida para seguir insistiendo tanto en que los pibes y las pibas no son peligrosos sino que -muy por el contrario- están en peligro, como en que nacer pobre no puede ser la antesala de crecer preso. La lucha heroica del movimiento de mujeres también se organiza en torno a consignas claras: “Vivas nos queremos”, “Ni una menos”, “El Estado es responsable”, “Basta de femicidios”. El Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo puso a cientos de miles de mujeres en la calle. Ante ese hecho político de indiscutible trascendencia, las chicas del pueblo organizadas en la Asamblea R.E.V.E.L.D.E. se pronunciaban de este modo: “Niñas, niños y adolescentes participamos del paro internacional de mujeres el día 8 de marzo del 2017 con el fin de parar la violencia adultista y machista que son las que más nos afecta a las niñas. Sostenemos que mientras haya capitalismo, habrá patriarcado y todo tipo de violencia machista, adultista, institucional y otros. Es por eso, que hoy más que nunca tenemos que articularnos, niñas, niños y adolescentes, adultos y adultas. A nuestro querido presidente Mauri, le decimos “Che, che Mauricio, che Mauricio no te lo decimos más, si nos tocan a las pibas que quilombo se va a armar. Al Estado fascista lo vamo’ a correr y con las mujeres no van a poder porque contra el patriarcado salimo’ a luchar y por el aborto seguro y legal. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal
