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La Ministra de Seguridad, Patricia Burllrich y el Ministro de Justicia y Derecho Humanos, Germán Garavano manifestaron que enviarían al Congreso un proyecto de ley con la consigna de bajar la edad de la punibilidad, que actualmente es a los 16 años, a los 15 años. No es la primera vez que el gobierno de CAMBIEMOS arremete con este tipo de iniciativas, en enero de 2017 con iguales anuncios el Ministerio de Justicia convocó a una Comisión para trabajar la redacción de una ley con este propósito. La mayoría de los participantes jueces, fiscales, operadores del sistema penal, organizaciones sociales y organismos internacionales especializados, se pronunciaron en contra de bajar la edad de punibilidad, en forma casi unánime, lo cual diluyó la iniciativa, que no se trataba más que de una consigna vacía y oportunista. En junio del 2018 el Comité de los Derechos del Niño, tras oír las denuncias formuladas por las organizaciones territoriales sobre los casos de gatillo fácil en un contexto de crisis y desguace de políticas de protección de derechos de la infancia, advirtió al Estado argentino sobre la necesidad de “adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la Convención y las normas internacionales (…) en particular, en relación con la garantía de que la detención sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible, y que no incluya disposiciones que incrementen la sentencia o reduzcan la edad de responsabilidad penal.” En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que “La existencia de niños y adolescentes vinculados a grupos delictivos es (…) consecuencia de la falta de medidas por parte del Estado que garanticen los derechos de los niños y los proteja frente a diversas vulneraciones a sus derechos, la exclusión y la violencia…”. Recientemente UNICEF a través de un riguroso estudio preciso que el 48,20% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se sitúan en el plano de la pobreza. Con respecto a esto también se expidió la CIDH afirmando que “La pobreza infantil, además de significar que los niños se ven imposibilitados a acceder a los estándares básicos de bienestar y a satisfacer sus necesidades básicas en el presente, también les afecta en el futuro….”. El cierre de los encuentros que se convocaron en el año 2017 con motivo de la frustrada iniciativa del Poder Ejecutivo, se produjo en el marco de la movilización que convocaron numerosas organizaciones políticas, sociales y culturales en la puerta del Ministerio de Justicia. Mientras, Nora Cortiñas acompañaba a niños, niñas y adolescentes que leyeron el documento que transcribimos. Este documento tiene plena vigencia y advierte sobre la ineficacia de este tipo de políticas como respuesta a la violencia que pretende resolver. Las organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, políticosociales, y personas, abajo firmantes, nos pronunciamos en contra de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Advertimos a la sociedad que la propuesta es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado. Si bien la propuesta afecta al conjunto de la población de niños, niñas y adolescentes, se enfoca en la criminalización de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. El sistema penal juvenil actúa judicializando la pobreza sin aportar estrategias y recursos concretos para que los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos garantizados. Denunciamos que detrás de esta “discusión” no hay una decisión política de mejorar la situación de los más jóvenes sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones y que este debate, en el que se expresa que bajando la edad de la punibilidad se logrará mayor seguridad, e instalado mediáticamente por parte del oficialismo, se nutre de premisas y diagnósticos falsos. DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes, no existen datos públicos a nivel nacional sobre esto, lo cual es un grave problema para elaborar políticas para la infancia. Aun así, la información estadística de la provincia de Buenos Aires desmiente esta afirmación, y resulta ser un indicador altamente significativo dado que allí reside el 40% de la población del país. De las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos1. La incidencia de delitos graves es ínfima aún entre los adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años) pese a su sobrerrepresentación en la prensa. 1Ver base de datos en https://www.mpba.gov.ar/estadisticas.html DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a lxs niñxs para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a unx niñx a cometer un delito, el delito es del adulto, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus legislaciones penales. DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que la forma de mejorar lo que hoy existe es bajar la edad de punibilidad y reconocer a los más pequeños un proceso con garantías. El sistema actual desconoce los derechos de lxs niñxs y adolescentes que ingresan al sistema penal, pero no es legalizando lo que ocurre ilegítimamente que se va a mejorar la situación. No es aceptando la criminalización de lxs chicxs de menos de 16 años sino impidiendo su ingreso