Por iniciativa de la ONU, cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el nombre mismo y en su conceptualización está presente la palabra “erradicación”, pero para hacer un análisis más detenido de la realidad es necesario ponernos a pensar de qué hablamos cuando tocamos el tema. Eso intentamos hacer desde esta redacción y, por eso, desde el título, buscamos enfocarnos en los sujetos. Hay, a veces, cierta pretensión de objetividad hacia el periodismo. Como si en realidad pudiera serlo. Queremos, desde este punto, advertir que no es posible dar una visión objetiva de la realidad, ya que —como bien sabe quien tiene las ciencias sociales como campo de estudio— siempre se habla desde la subjetividad. Esta nota, la información recolectada, las entrevistas y las fuentes contactadas tienen la única función de poner sobre la mesa una visión lo más completa posible de la situación a la que menores trabajadores se ven expuestos y exteriorizar una preocupación que debería ser de todos: ¿qué pasa con nuestro futuro, como sociedad paraguaya? Según el Estado, la definición de “trabajo infantil” corresponde a cualquier número de horas trabajadas para el segmento de 10 a 13 años. Para el grupo de 14 a 15 años es cualquier trabajo mayor a 24 horas semanales, y para los adolescentes de 16 a 17, es cualquier empleo mayor a 36 horas. La Agencia de Información Paraguaya difundió que del total de la población estimada entre 10 y 17 años (1.082.318 individuos), un 8 % se encuentra ocupada laboralmente por encima de los umbrales específicos para su edad. La Agencia de Información Paraguaya difundió que del total de la población estimada entre 10 y 17 años (1.082.318 individuos), un 8 % se encuentra ocupada laboralmente por encima de los umbrales específicos para su edad. Es decir, 90.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajan. Se distribuyen principalmente en áreas rurales, con 51.000 NNA, y en zonas urbanas, 39.000. Los datos fueron recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y corresponden al último trimestre de 2021. Las actividades ejercidas por NNA van desde tareas de cuidado del hogar o de otras personas de la familia —rol ejercido generalmente por mujeres—, hasta la ocupación en la calle o en otros domicilios, pasando, claro, por las chacras, generalmente en el campo. Quienes trabajan en la calle son vendedores, canillitas, lustrabotas, limpiaparabrisas, lavaautos, recicladores o rebuscadores. Estas actividades implican una exposición más directa a distintos tipos de violencia, pero al mismo tiempo suelen ser la salida más fácil, ya que no requieren una inversión previa. Es importante aclarar que, generalmente, las condiciones laborales son mucho peores en las situaciones de calle. Tanto es así que el Estado intervino para poder regular y amainar, en lo posible, el efecto en los niños y jóvenes. Así nació el programa Abrazo. Programa Abrazo Según documentos oficiales, está destinado a prevenir, intervenir y proteger a menores de 0 a 13 años que realizan actividades económicas en espacios públicos, olerías, vertederos y zonas agrícolas. Según Teresa Martínez, titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el programa es su buque insignia y busca “combatir y erradicar el trabajo infantil en calle, que es muy nocivo para los niños por la violencia que viven”. El apoyo consiste en bonos solidarios, canastas básicas de alimentos, atención integral en centros y asistencia sociofamiliar. En palabras de la ministra, Abrazo beneficia a alrededor de 15.000 NNA y a sus familias con 42 centros. Pero si miramos los números anteriores, resulta insuficiente. Martínez afirma que Abrazo se complementa con los siguientes programas: Tekoporâ (SAS), Painac (SNNA), Pani (INAN/MSPBS), Apoyo a Comedores Comunitarios (SAS) y Alimentación Escolar (MEC). Por eso, la ministra considera que la principal herramienta para aumentar la cobertura por parte del Estado sería mayor presupuesto, pero también la colaboración interinstitucional con las Codenis y los demás ministerios. “Para realmente solucionar el problema, el Estado debe llegar a las comunidades con el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, y ofrecer una atención integral”, afirma. Queda como tarea pendiente para la siguiente gestión. Trabajo y Educación La psicóloga comunitaria María José Galeano trabaja desde la fundación Alda en un proyecto llamado Educación de calidad para niños y niñas fuera de la escuela, que se enfoca justamente en NNA que fueron excluidos del sistema educativo, muchas veces por el trabajo. “De acuerdo con los datos que manejamos, la mayor cantidad de niños y niñas fuera de la escuela son precisamente los adolescentes que corresponderían al tercer ciclo de la educación escolar básica. Uno de los motivos por los cuales ellos están fuera son las condiciones económicas”, dice y agrega: “Cuando los NNA salen a trabajar, generalmente es porque hay necesidades básicas insatisfechas”. “Cuando los NNA salen a trabajar, generalmente es porque hay necesidades básicas insatisfechas”. -María José Galeano, psicóloga de la fundación Alda. Lo que a ella le resulta preocupante es que, generalmente, los estudiantes dejan las instituciones educativas por esa necesidad, sobre todo cuando trabajan en condiciones inseguras o de explotación. Por eso, para la especialista es clave fortalecer con recursos los órganos que son los garantes de derecho. Según María José, una respuesta real, concreta e interesante es la organización. Y de eso vamos a hablar más adelante. Sobre causas económicas y culturales Pero antes, ¿cuál es, entonces, la causa de esta situación? No hace falta una licenciatura en Sociología ni un estudio detallado de la realidad para el diagnóstico: vivimos en un país que nos ofrece superávit de mercado y déficit de Estado. En Paraguay, la garantía de acceder a vivienda, salud, educación y hasta alimentación depende de un único factor: la capacidad de pagar. En caso de no tener esa posibilidad, simplemente se cercenan derechos ante la ausencia estatal. El factor que influye de forma clara es la pobreza. Según datos de la última Encuesta Permanente de Hogares, un 24,6 % de las familias experimentaron inseguridad alimentaria moderada (dificultad en el acceso, calidad y variedad), mientras que 5,31 %